El empresario Julio Martínez Martínez ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional en el que se muestra dispuesto a colaborar con la Justicia y atribuye al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero un papel destacado en las gestiones relacionadas con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra.
Martínez, administrador de la consultora Análisis Relevante, sostiene que Zapatero lideraba la estrategia de la empresa, participaba en la captación de clientes y era quien «marcaba los pasos a seguir», pese a no figurar formalmente como socio de la compañía. Estas afirmaciones forman parte de la versión ofrecida por el empresario investigado y deberán ser contrastadas durante la instrucción judicial.
Julio Martínez se muestra dispuesto a colaborar con la Justicia
El escrito presentado ante la Audiencia Nacional supone un cambio en la estrategia de defensa de Julio Martínez, que deberá declarar como investigado ante el juez José Luis Calama.
El empresario explica en el documento el funcionamiento de Análisis Relevante y la relación profesional que mantenía con Zapatero. Según su relato, el expresidente dirigía las principales decisiones estratégicas, captaba clientes y supervisaba las actuaciones desarrolladas por la consultora.
Martínez sostiene además que Zapatero habría participado directamente en las gestiones realizadas para que Plus Ultra obtuviera financiación pública después de la pandemia.
El papel atribuido a Zapatero en el rescate de Plus Ultra
La aerolínea Plus Ultra recibió en 2021 un rescate público de 53 millones de euros procedente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI.
Según el escrito de Julio Martínez, Zapatero estaba informado de las gestiones y orientaba los movimientos que debían realizarse para lograr la concesión de la ayuda.
El empresario asegura que el expresidente también propuso contactar con entidades financieras para obtener financiación privada y que posteriormente comunicó que la SEPI aprobaría el préstamo solicitado por la aerolínea.
Una comisión vinculada a la operación
La defensa de Martínez señala que existía un acuerdo económico relacionado con el éxito de las gestiones realizadas para conseguir el rescate.
Según el relato aportado a la Audiencia Nacional, los honorarios por la intermediación equivalían aproximadamente al uno por ciento del importe concedido a Plus Ultra. Parte de esos pagos se habría aplazado debido a la repercusión pública y mediática del rescate.
Estos movimientos económicos forman parte de los elementos que analiza la investigación judicial, que trata de determinar si existieron delitos relacionados con tráfico de influencias, blanqueo de capitales u otras irregularidades.
Zapatero niega haber ejercido influencia
José Luis Rodríguez Zapatero ha negado ante el juez haber ejercido influencia alguna en la concesión del rescate a Plus Ultra.
Durante su declaración en la Audiencia Nacional, el expresidente sostuvo que toda su actividad profesional se desarrolló dentro de la legalidad y rechazó haber intervenido para favorecer a la aerolínea en la obtención de financiación pública.
Zapatero también ha defendido que los pagos recibidos por parte de Análisis Relevante correspondían a trabajos de consultoría y asesoramiento realizados legalmente.
La Audiencia Nacional continúa investigando el caso
El juez José Luis Calama mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias que rodearon el rescate de Plus Ultra y las relaciones económicas entre la aerolínea, la consultora Análisis Relevante y diferentes personas vinculadas con la operación.
La declaración de Julio Martínez constituye uno de los principales pasos de la investigación, especialmente después de que el empresario decidiera aportar su versión sobre el funcionamiento de la consultora y el supuesto papel desempeñado por Zapatero.
Por el momento, las acusaciones realizadas por Martínez no han sido acreditadas mediante una sentencia firme. La investigación deberá determinar si sus afirmaciones están respaldadas por documentos, comunicaciones, movimientos bancarios u otras pruebas incorporadas al procedimiento.
El caso continúa bajo instrucción en la Audiencia Nacional y todos los investigados conservan su derecho a la presunción de inocencia.
