Los nueve agentes de policía acusados por cargas durante el referéndum de Cataluña piden la aplicación de la Ley de Amnistía, que entró en vigor el pasado martes. Defienden que no participaron en actos de tortura y tratos inhumanos o degradantes.
La defensa de los agentes asegura que sus casos se enmarcan en los supuestos por la Ley de Amnistía. Considera que los actos de tortura de los que habla la ley son hechos “mucho más graves” que los delitos de lesiones que se atribuyen a estos policías.
Además, los abogados citan el preámbulo de la ley, puesto que indica que la amnistía “no pretende la criminalización de un colectivo de funcionarios que intervinieron, en prácticamente casi la totalidad de casos, en la defensa del ordenamiento, así como con la proporcionalidad y mesura necesaria en defensa de la legalidad” pese a contar “escasos medios para evitar la acción de miles de ciudadanos congregados en los centros de votación”.
La defensa de los policías subraya, además, que los agentes están procesados “por meras fotografías, sin acreditar su autoría, o por una aplicación del uso de la fuerza en su mínima expresión, de más que dudosa ilicitud, ya no penal sino incluso administrativa”.
