A.J.G.C., el condenado por el Tribunal Superior andaluz (TSJA) se enfrenta este martes a un nuevo juicio en la Audiencia Provincial almeriense. Sobre él pesan 25 años y seis meses de prisión por embaucar a menores. Se relacionó con ellas en un campamento de verano de Ronda entre 2014 y 2016 para que le mandaran fotografías íntimas.

La Fiscalía solicita para el acusado otros seis años de prisión por un delito de elaboración de material pornográfico infantil a menores de 16 años. El acusado consiguió que uno de los muchachos con los que había coincidido en el campamento entre 2014 y 2015 le remitiera una fotografía explícita.

Los hechos de la sentencia

En su escrito, el fiscal sostiene que el acusado generó “lazos afectivos” con los menores al ser uno de los responsables de las cabañas. Una vez que se ganó su confianza, les pidió sus datos para chatear con ellos en redes sociales durante los meses en los que no se vieran. Fue así como bajo un ánimo “exclusivamente libidinoso” habría tratado de obtener imágenes y vídeos “en los que apareciesen menores de edad desnudos”. Para ello, iniciaba conversaciones de temática sexual, según la investigación. En los registros en su vivienda de San Fernando (Cádiz) se hallaron varios dispositivos electrónicos donde almacenaba material.

La nueva vista llega después de que el hombre haya sido condenado por el TSJA como autor de seis delitos de embaucamiento. Ocho de difusión pornográfica a menores, tres delitos de elaboración de material pornográfico infantil agravados y un delito de exhibicionismo. Por ellos se fijaron como máximo 15 años de cumplimiento de prisión conforme al ordenamiento penal vigente.

La confirmación del TSJA

La sentencia del Alto Tribunal andaluz confirma el fallo original y rechaza la apelación del recurrente. Probó que durante el verano de 2016 el acusado tenía a su cargo a cerca de cincuenta de menores de entre 10 y 17 años. Los hechos tuvieron lugar en un campamento de Ronda donde ejercía de monitor de cabañas.

Una vez acabado el verano de 2016, se comunicó “con fines exclusivamente libidinosos” con al menos con 11 varones menores de edad. Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía también pide ocho años de incomunicación y alejamiento de 500 metros con la víctima, diez años de libertad vigilada y otros cinco de inhabilitación para trabajar con menores.

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